Finalmente y a pesar de las informaciones de ayer, que apuntaban a que hoy viernes en el último Consejo de Ministros del actual ejecutivo se aprobaría la ley anti-descargas (conocida como Ley Sinde), la decisión ha acabado en manos del próximo Gobierno que lidera Mariano Rajoy, será el que deberá fijar el reglamento de dicha ley. Dicho reglamento, se antoja como el último paso para que la ley pueda llegar a ser aprobada y ponerse en funcionamiento.
Y es que todo apunta a que la actividad infractora no será solo el poseer material con derechos de autor en los servidores y suministrarlo entre los usuarios de forma ilegal, sino que las páginas que enlacen hacía este tipo de servidores también serán sancionadas.
Recordamos que esta ley que ese encuentra contenida en la Ley de Economía Sostenible, fue aprobada tanto por PP, PSOE y CIU.
A pesar de todas las informaciones publicadas ayer, el Consejo de Ministros de hoy viernes no tratará la aprobación de la Ley Sinde, a pesar de que se lo llegaron a plantear. Sin embargo, la hasta hoy ministra de cultura, Ángeles González-Sinde, tiene plena confianza en la que la ley salga adelante lo más pronto posible.
Un plazo máximo de 10 días
De momento, se sabe con certeza, que tras conocer la denuncia de una determinada página web, esta será cerrada en un plazo máximo de 10 días y que el proceso será investigado y supervisado por una Comisión Administrativa especializada y que a su vez actuará como mediadora entre ambas partes. Además, y aunque está todavía pendiente, es posible que además de la multa impuesta, es posible que si se modifica la naturaleza de la página, es decir, se eliminan los enlaces, la página podría seguir operativa.
Ya hay reacciones con respecto a la Ley Sinde
No se han hecho esperar, y muchos usuarios han opinado que un Gobierno que ha perdido de manera tan estrepitosa, carece de legitimidad para desarrollar y aprobar una ley tan importante y que tanta repercusión va a traer a nivel social. Especialistas en temas jurídicos han manifestado que los usuarios deben pronunciarse de manera pacífica y dejar claro cuales son las preferencias de la mayoría de los usuarios para tratar de llegar a un consenso que intente satisfacer ambas partes.
¿Escucharán a los usuarios y mantendrán la libertad de expresión en la red?
