Sabiendo que se va a aprobar la Ley Sinde, sin todavía conocer aún cual será la fecha definitiva en la que esta ley se hará efectiva, existen muchas dudas en el aire, algunas de las cuales parecen que serán complicadas de encontrar un consenso que pueda llegar a satisfacer todas las partes que se encuentran implicadas.
Uno de los problemas con los que tendrá que lidiar el Gobierno actual será el coste que va a suponer llevar acabo el cierre de las páginas web. Suponiendo que inicialmente, tal y como se ha estimado, la medida afecte a alrededor de 200 páginas, todavía se desconoce quién será el encargado de hacer frente al importe que se deberá abonar por dicha medida.
Como precaución los principales operadores españoles ya han dejado clara su postura asegurando que no piensan ser ellos los que «paguen los platos rotos«.
Fuentes de Redtel, defensora de los principales derechos de los operadores españoles (Telefónica, Orange, Vodafone y ONO), aseguran que será necesaria una orden judicial para dictaminar si los operadores deben hacer frente a parte de esa cuantía económica o no. Quizás pueda ser de vuestro interés conocer para que sirve el servicio SD-WAN en las operadoras.
Se ponen la venda antes que la herida
Y es que los operadores ya conocen que con anterioridad se vieron obligados a pagar cantidades de dinero que correspondían con decisiones totalmente ajenas a ellos. Un ejemplo puede ser el que sucedió hace unos años, cuando se obligó a realizar la identificación de todos los clientes que poseían una tarjeta prepago. El proceso acumuló un total de más de 50 millones de euros, cantidad que tuvo que ser afrontada en sus totalidad por los operadores de telefonía móvil.
Otro ejemplo en el que los operadores se vieron claramente perjudicados fue cuando la publicidad desapareció de RTVE, por lo que se obligó a abonar una cantidad que correspondía al 0.9% del total, lo que en dinero supone unos 230 millones de euros.
Antes de que otra vez vuelva a suceder lo mismo los operadores quieren dejar ya todo claro desde un principio para que el Gobierno conozca cual es su postura.
¿Posible solución?
Desde Redtel confían en que el nuevo Gobierno encuentre un consenso para que la puesta en marcha de la ley no suponga una penalización para los operadores. También afirman que sólo si un juez lo aprueba se podrá obligar a las operadoras a colaborar en lo relacionado con los datos de los usuarios, es decir, facilitándolos en las investigaciones, cosa que ven complicada que se vaya a llevar acabo. Afirman que no quieren ver que la figura del operador se convierta en la de un «policía de la red».
Se lamenta también que la ley se haya orientado hacia una sanción administrativa y no en redirigir y enfocar la cultura desde otro marco para así, tratar de relanzar el contenido de la propiedad intelectual.
